El Gobierno quiere adoptar el proyecto que el Pacto de Toledo estudió a finales del año pasado sobre las pensiones de viudedad. La medida consiste en modificar la cuantía de estas prestaciones según la situación económica personal de sus beneficiarios. Se trata de un cambio dictado por la nueva realidad de la sociedad española.
Cuando esta ayuda se creó, estaba destinada a un segmento de la población muy determinado: mujeres de avanzada edad carentes, en la mayoría de los casos, de experiencia laboral fuera del hogar y sin formación suficiente para aspirar a un puesto de trabajo.
Por fortuna, la emancipación femenina cambió radicalmente esa realidad, por lo que muchas mujeres tienen sus propios ingresos y han dejado de ser dependientes de su cónyuge.
En consecuencia, en la actualidad carece de sentido que las futuras pensiones de viudedad (las ya concedidas no se revisarían) se sujeten a una cantidad fija en todos los casos, sin considerar las posibilidades económicas de sus beneficiarios.
La nueva realidad social española aboca a la revisión de las pensiones por viudedad según la situación económica
Es más, actualmente se da la paradoja de que un gran número de los nuevos receptores de esta prestación son ahora hombres con una carrera laboral larga, que ya les da derecho a una pensión que garantiza su poder adquisitivo. En situaciones como éstas, no existen argumentos que justifiquen el cobro íntegro de la prestación por viudedad.
Es más, el sistema público de protección, en su actual situación de déficit presupuestario, está lejos de poder permitirse este tipo de duplicaciones en sus desembolsos. Por ello, la revisión de las pensiones por viudedad, e incluso su posible financiación con otras fuentes que no sean las cotizaciones, constituye un alivio necesario para la Seguridad Social.
