El decreto-ley sobre la ampliación del permiso de paternidad es la última de las varias disposiciones legales de este tipo que el Gobierno envió para su aprobación a la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que ejerce interinamente las funciones de la Cámara Baja.
Los letrados de esa institución tienen ahora un importante trabajo pendiente, ya que es muy cuestionable que un uso tan frecuente del decreto pueda justificarse desde el punto de vista normativo. Es más, pueden darse situaciones de grave conflicto legal.
El caso del propio permiso de paternidad así lo indica. Tal y como la oposición ya ha denunciado, el decreto referido a este tipo de baja laboral altera aspectos de una norma de rango superior, en concreto la Ley Orgánica de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Y existe jurisprudencia que apunta a la inconstitucionalidad de todo intento de modificar una Ley Orgánica por otra vía que no sea una mayoría absoluta, lograda en el Pleno del Congreso, en una votación sobre la norma en su conjunto. Pero aún hay más aspectos que abocan a cuestionar el recurso tan frecuente del Gobierno a los decretos.
La razón de ser de este instrumento legal es impulsar medidas de especial necesidad. Es más, el Ejecutivo acentúa ese carácter urgente al sujetarse a un proceso exprés de presentación de enmiendas en la Diputación Permanente de tan sólo ocho días. Pero es difícil comprender qué tipo de emergencia justifica una premura de ese tipo en el caso de medidas como la ampliación del permiso de paternidad.
Es más, todo apunta a que la única urgencia real radica en garantizar la aprobación de políticas sociales, muy rentables electoralmente, antes de las elecciones del mes próximo.
