Los documentos del excomisario Villarejo continúan arrojando datos sobre la gran hondura de la relación entre BBVA y el expolicía en los años en que Francisco González fue presidente ejecutivo de la entidad. Villarejo apunta a la realización de, al menos, tres encargos presuntamente ilegales.
A los ya conocidos (la investigación sobre Ausbanc y el espionaje masivo de empresarios y políticos para frustrar el asalto de Sacyr al BBVA), se suman ahora las escuchas al empresario Fernando Martín y su familia en 2009. Ante estas revelaciones, resultan insostenibles los argumentos de González, en especial su defensa de que, si hubo vínculos del banco con el excomisario, tuvieron lugar en años muy recientes y él los ignoraba. Al contrario, los documentos de Villarejo bosquejan una relación continuada entre 2004 y 2012.
Es más, los encargos que recibía Villarejo concernían a aspectos sensibles para el banco, y en especial para su presidente, por lo que es muy difícil creer que los desconociera. Sirva de ejemplo el presunto espionaje a Martín, cuyo objetivo se relaciona con el afán de presionarle para que saldara la deuda que dejó pendiente con BBVA cuando su empresa (Martinsa) entró en concurso.
En el caso de las escuchas a políticos y empresarios en 2004, la relación con González es aún más estrecha, ya que el objetivo de los pinchazos era defender su puesto ante el asalto de Sacyr. El paso del tiempo, por tanto, solo sirve para acumular indicios contra el actual presidente de honor de BBVA y dejar en evidencia el gran daño que supone para el banco que continúe sine die en el puesto. Ya es inevitable que esa permisividad aboque a una muy conflictiva junta de accionistas pasado mañana. El perjuicio más grave, sin embargo, lo sufre la reputación del banco.
