Las Administraciones aumentan la contratación en proyectos de infraestructuras hasta 7.131 millones en 2018. La cifra supone un incremento del 50% respecto a 2017. Las autonomías han ayudado (con un alza del 29,2%) pero ha sido el Estado el gran responsable de romper con cuatro años consecutivos de retracción.
Además debe valorarse que el cambio se logra tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, cuyas exigencias provocaron más problemas de los esperados. Pese a este impulso, las recientes alzas del gasto corriente (pensiones, sueldos públicos...) reactivan el riesgo de que la inversión productiva vuelva a ser sacrificada, para compensar el impacto que esos desembolsos tendrán en el déficit.
