La investigación sobre el respaldo financiero concedidas por Avalmadrid a los empresarios Gerardo Díaz Ferrán y Arturo Fernández entra en un nuevo terreno de indudable gravedad.
El informe de PwC sobre estos hechos, que ya está poder del actual consejo de administración de la sociedad de garantía recíproca, se muestra contundente: existen indicios de delito en estas prácticas que deberían ponerse en conocimiento de la Fiscalía.
El documento da así un salto cualitativo en la calificación de lo que supuso conceder avales a ambos empresarios. Hasta ahora, lo que existía era un expediente del Banco de España emitido en diciembre que apunta a que no se evaluaron suficientemente los riesgo de crédito. Lo demuestra el caso de Cantoblanco, la sociedad de Fernández, que entró en concurso sólo transcurridas tres semanas desde que recibió el informe positivo de Avalmadrid.
El informe de PwC ya no apunta únicamente a una posible dejación de funciones sino a un delito de índole patrimonial
Si todo se redujera a esto, se trataría de un caso de insuficiente aplicación de controles o incluso de dejación de funciones. Sin embargo, lo que pone de manifiesto PwC llega al extremo de señalar un posible delito de carácter patrimonial. En otras palabras, la auditora ve indicios de que la concesión de avales se hizo a sabiendas de que Díaz Ferrán y Fernández atravesaban dificultades que ponían en evidente riesgo el cumplimiento de sus obligaciones de pago.
Se trata de un supuesto que entra en las competencias del Código Penal y que, por tanto, puede acarrear condenas de cárcel para los responsables. Es una respuesta lógica ante unas presuntas prácticas que afectaron a los fondos de una sociedad en la que participan instituciones de tanta relevancia como la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio.
