El Gobierno desiste de impulsar la nueva regulación sobre retribución de energías renovables y redes. Su paso atrás puede comprenderse ya que, a las puertas del 28-A, aprobar esta medida exige un nuevo decreto y su carácter de urgencia es muy discutible, ya que la ley, en todo caso, no entrará en vigor hasta 2020. Además, es muy posible que la convalidación del decreto fracase, ya que el PP no la apoya.
Por último, cabe cuestionar que sea competencia de un Ejecutivosaliente establecer la normativa de un determinado sector hasta 2025. La revisión de las retribuciones queda así como tarea para el nuevo Gobierno, el cual debería considerar las líneas maestras del actual anteproyecto. Los recortes que prevé, contribuirían a bajar la parte regulada del recibo de la luz.
