El Gobierno no abordará pasado mañana la puesta en marcha de la llamada contrarreforma laboral. Esa decisión equivale a reconocer que resulta imposible reunir, en tan poco tiempo, el acuerdo de los agentes sociales para cambios de un calado tan importante como los que se planean para el mercado de trabajo.
No en vano lo que se busca es devolver la primacía a los convenios sectoriales frente a los de empresa, de modo que las sociedades volverían a verse atadas en cuestiones de tanto calado como establecer cuál será el salario base de sus empleados. En paralelo, también podría desaparecer la limitación a la vigencia de los acuerdos de este tipo, una vez caducados (la ultraactividad).
El alejamiento de posturas sobre estas cuestiones es tal que el Ejecutivo se vio abocado a suspender la reunión a tres bandas que tenía programada para ayer. Ahora bien, Moncloa no renuncia a su objetivo, y baraja que la contrarreforma pueda aprobarse en el último Consejo de Ministros, que se celebrará dentro de poco más de una semana.
Por tanto, nada ha cambiado sustancialmente y los plazos siguen siendo demasiado estrechos como para conducir la negociación en las condiciones necesarias. Resulta ilusorio pensar que las patronales y los autonómos renunciarán, en cuestión de días, a la decidida oposición que actualmente muestran el futuro decreto-ley. De igual manera, sería impensable que el proyecto saliera adelante sin el apoyo de las empresas.
Actualmente, ese consenso está muy lejos de existir, lo que debe llevar al Gobierno a renunciar a una contrarreforma que no solo carece de los apoyos necesarios, sino que además socava la capacidad misma de crear empleo de las empresas.
