El fracaso de los Presupuestos Generales de 2019 no implica que el gasto público varíe en este año. Muy al contrario, medidas ya aprobadas, como la subida salarial a los funcionarios y la actualización de las pensiones de acuerdo al IPC, elevarán los desembolsos. El déficit público, por tanto, está abocado a terminar el año en el entorno del 2,4% del PIB, según estima el Banco de España.
Sin embargo, es ya muy real el riesgo de que ese cálculo se quede corto si los partidos cumplen las promesas con las que ya afrontan la precampaña de las elecciones de abril. Las amenazas son muy variadas según la formación que se considere.
Así, en el caso del PP, falta aún concreción sobre cómo compensaría la caída de ingresos que supondría su ambicioso plan de rebajas fiscales. En lo que respecta al PSOE, existe el riesgo de que apure los últimos días, antes de que el Gobierno entre en funciones, para aprobar por decreto más medidas sociales que le generen réditos electorales, como la recuperación del subisidio de paro para mayores de 52 años.
Pero, más allá de las promesas concretas, lo que aparece como denominador común en muchos casos es una actitud que busca quitar importancia, o incluso banalizar, al problema que supone descuidar el equilibrio presupuestario.
Se trata de un profundo error. Desandar ahora el camino que nos ha llevado a las puertas de salir del procedimiento de déficit excesivo de la UE no sólo nos restará credibilidad ante Bruselas, y nos arriesgará a sanciones. Más importante aún, como la última crisis enseñó, es el gran lastre que el desfase de las cuentas públicas supone para la economía en su conjunto, especialmente en momentos de desaceleración como los actuales.
