El Gobierno mantendrá el actual régimen de la declaración fiscal de bienes en el extranjero (el Modelo 720), pese a que la Comisión Europea dictaminó hace dos años que era ilegal y, como reveló ayer elEconomista, Hacienda mantuvo oculto ese veredicto.
Es cierto que el actual Ejecutivo tiene margen para alegar que las objeciones de la UE son "técnicas", dado que Bruselas no ha acudido a los tribunales para impugnar la ley que respalda el Modelo 720.
Ahora bien, debe tenerse muy presente la gravedad de las acusaciones que la Comisión lanzó. Consideró transgredidos hasta cinco derechos fundamentales europeos, a través de acciones como aplicar multas equivalentes al 150% de la cuota de liquidación que fije Hacienda, en caso de que la declaración se presentara fuera de plazo.
Ante una extralimitación así, sin parangón en ningún otro país europeo, no es aún descartable que Bruselas acabe acudiendo a los tribunales. Pero lo que es una certeza es que un contribuyente español ya recurrió a los magistrados, por lo que está abierta la vía para que cualquier instancia judicial española inste a sus homólogas europeas a que se pronuncien sobre el Modelo 720 y, siendo escrupulosos con la normativa europea, lo condenen.
En un contexto así, la reforma completa de este régimen de regularización fiscal resulta ineludible. Debe acometerse aunque suponga costes políticos en términos de imagen para los partidos que la defiendan (no en vano el Modelo 720 surgió como un complemento de la amnistía fiscal de 2012). No sólo está en juego el cumplimiento de las leyes comunitarias; se trata además de evitar la injustificable aplicación de unas sanciones excesivas y confiscatorias.
