No se pasa de crecer al 3% a una recesión en un trimestre. Pero, coincidiendo con los tres primeros meses del Gobierno socialista del doctor Sánchez, los datos económicos muestran claros signos de ralentización. Lo primero que ha hecho la ministra de Economía, Nadia Calviño, es admitirlo a medias. Por una parte, Calviño sostiene que el crecimiento sigue siendo sólido, y por otra que la reducción del crecimiento es normal. Sin embargo, diga lo que diga el Gobierno socialista, los datos de empleo de agosto son los peores en una década, y el desempleo es el principal problema al que nos enfrentamos. Además, seamos realistas, nadie esperaba unos datos tan malos.
Lo primero que hay que hacer en una situación compleja como la de la economía española es asumir la realidad. Aquí nos encontramos dos cuestiones preocupantes. En primer lugar, que la ralentización es mayor de lo esperado. El Ejecutivo del PP sistemáticamente anunciaba previsiones de crecimiento inferiores a lo que realmente esperaba. Por esa razón, la Airef siempre aceptaba las previsiones de crecimiento y el cuadro macro del gobierno. Por supuesto, las previsiones de recaudación y el eventual cumplimiento del déficit no siempre los aceptaba. De hecho, solo el año pasado, gracias al acuerdo presupuestario PP-Cs cumplimos el objetivo de déficit. Por eso, sistemáticamente, el crecimiento superaba las expectativas del propio Gobierno. Cuando ahora, hay que retocar a la baja una previsión ya sesgada a la baja, es que el crecimiento se ralentiza.
Además, hay otro elemento fundamental para preocuparse: en el segundo trimestre, tuvimos una aportación negativa del sector exterior al crecimiento de dos décimas. Este dato que pasó desapercibido es el peor en tres años, y es clave. España entró en recesión cuando en 2008 los mercados cortaron en seco la financiación de la economía española. En 2007 España tenía el mayor déficit por cuenta corriente del mundo, en términos relativos, y el segundo en absolutos. Eso culminaba unos años en los que buena parte de la demanda española se satisfacía desde el exterior. Esto tiene dos consecuencias: que creamos empleo en el resto del mundo, a costa del empleo en España y que acumulamos una deuda externa del sector privado enorme. Esta deuda se ha ido reduciendo en estos últimos cuatro años gracias al mantenimiento de un saldo positivo en la balanza por cuenta corriente.
Si esto se acaba, y los datos de agosto no anticipan nada bueno, entonces la confianza en nuestra economía, que sigue fuertemente endeudada frente al exterior, se resentirá. A esto hay que añadir que el Gobierno socialista no se ha comprometido con la estabilidad presupuestaria, y sus aliados de Podemos quieren simplemente ignorarla para poder acometer sus infinitos programas de gasto. Por si esto fuera poco, el entorno exterior no ayuda precisamente: el neoproteccionismo de Trump está ralentizando el comercio internacional, y además se han incrementado los precios del petróleo. En cualquier caso, el principal factor negativo para una economía tan endeudada como la española llegará cuando el Banco Central Europeo deje de comprar deuda pública, lo que ocurrirá a final de año.
A este cóctel hay que añadir el incremento de los precios energéticos. Por una parte, la factura de la luz está en máximos de diez años, sigue subiendo, y el Gobierno de Sánchez simplemente se muestra impotente para tomar ninguna medida al respecto. Por otra parte, el coste de los combustibles está en máximos, derivado del aumento de los precios del crudo. Aquí el Ejecutivo lo que quiere hacer es establecer un impuesto al diésel, el combustible utilizado por el 70% del parque automovilístico, incluyendo la casi totalidad de pymes y autónomos, equiparando su precio con el de la gasolina. Sin entrar en otras consideraciones, el momento no puede ser más inoportuno: no deberíamos perder más competitividad, ni deberíamos incrementar una inflación de costes como la que se deriva de una medida como ésta.
La energía no es una excepción: en las propuestas económicas socialistas y podemitas no existen las palabras competitividad, costes, exportaciones... De hecho, solo parecen existir los impuestos y las cotizaciones. Así, si se destopan las cotizaciones, las empresas incrementarán los costes sociales de sus trabajadores, que encima cobrarán menos. Por supuesto, si el impuesto a los clientes bancarios llega a alguna parte, el coste de la financiación de las empresas, autónomos y particulares se incrementará inevitablemente. Podríamos seguir con la sucesión interminable de impuestos que el PSOE y Podemos quieren crear o subir. Pero para concluir, subir, ya veremos cómo, el impuesto de Sociedades a las empresas que facturen más de 6 millones de euros, no solo disminuye la inversión sino también la competitividad de las empresas españolas.
No tengo nada claro cuáles de estas medidas entrarán en vigor. Lo que sí está claro es que las recetas de Sánchez son un cóctel letal para el crecimiento en España. Para seguir creciendo España necesita regeneración, reformas para adaptar sus mercados al Siglo XXI y estabilidad presupuestaria, no ocurrencias a cargo del Gobierno más débil de la democracia en España: un Ejecutivo que ya está demostrando que no tiene planes ni equipo, y de palabra y principios para qué vamos a hablar.
Los españoles no podemos elegir la coyuntura exterior a la que nos enfrentamos, pero deberíamos poder decidir con qué política económica nos enfrentamos a ella. Si el presidente Sánchez sigue demorando esa imperiosa necesidad de dar voz a los españoles, creo que se arrepentirá y que los españoles lo pagaremos con más impuestos y menos crecimiento. Ya lo hemos empezado a ver.
