La interinidad política en Cataluña acumula más de cuatro meses desde que se celebraron las últimas elecciones autonómicas y cerca de seis desde que se activó el artículo 155. El principal efecto de tan inusual situación ha sido la incapacidad para formar Gobierno, alimentada por el afán del independentismo, especialmente del expresident Carles Puigdemont, de mantener vivo su desafío al Estado.
Pero los perjuicios institucionales se extienden más allá de la Generalitat. Organismos barceloneses como la Fira, la Cámara de Comercio o la Autoridad Portuaria ven su capacidad de tomar decisiones lastrada por la imposibilidad de renovar, desde hace meses, a sus ejecutivos. No se trata de una mera cuestión burocrática o simplemente administrativa.
Muy al contrario, lo que se ve comprometido es el funcionamiento mismo de instituciones con una gran importancia económica. Debe recordarse que la actividad de la Fira tiene un impacto de 2.600 millones sólo en el área metropolitana de la Ciudad Condal, mientras que la Cámara agrupa a 400.000 empresas con operativa en 180 países. En cuanto a la importancia del Puerto, resulta obvia en una urbe como Barcelona.
La interinidad en estas instituciones tiene un impacto directo en la economía catalana (y española), dado que contribuye a mantener la incertidumbre en el ánimo de los inversores y las empresas. La inquietud de estos actores alcanzó su clímax a finales del año pasado, pero aún no se puede dar por extinguida.
Lo demuestran cifras como la reciente reducción de la inversión exterior en Cataluña. La parálisis institucional ya ha tenido un alto coste para esta autonomía y resulta urgente ponerle fin con un Govern que garantice el respeto a las leyes.
