La Agencia Tributaria requiere información a cerca de 60 organismos que operan en España con criptomonedas como el Bitcoin. Hacienda pone así la lupa sobre toda la cadena de actores que trabaja con estos medios de pago, desde casas de cambio de divisas a empresas, sin excluir bancos. De hecho, 16 entidades con sede social o sucursal en nuestro país tendrán que aportar los datos requeridos por el fisco.
La Agencia Tributaria actúa así de forma coherente con la innovadora hoja de ruta que presentó en enero pasado cuando, por primera vez, señaló la economía digital como una prioridad en sus directrices. De hecho, no es casual que, en ese documento, la institución hiciera referencia a las criptomonedas en el mismo apartado en el que aludía a actividades como el narcotráfico o el blanqueo.
Es innegable que el crimen organizado encuentre en el anonimato que caracteriza al Bitcoin y sus derivados un medio para actuar con mayor impunidad. Esa situación empezará a cambiar ahora que Hacienda reclama la identificación de las personas con cuentas denominadas en criptomonedas y el número e importe de sus cargos.
Esta actuación también ayudará a acabar con la impresión de que el Bitcoin está exento de las obligaciones fiscales tradicionales, como declarar bienes en el extranjero o pagar el IVA. Se trata de una falsedad que debe ser tajantemente desmentida.
La economía online cuenta con evidentes peculiaridades, y ventajas para millones de usuarios, pero reconocer esa realidad no equivale a otorgarle patente de corso para desarrollarse al margen de la normativa vigente. Las empresas y clientes que operan en este nuevo ámbito, al igual que los medios de pago que usan, deben adaptarse a este mayor control.
