El proyecto de ley de Presupuestos que ayer presentó el Gobierno al Congreso aborda el problema de la cuantiosa deuda que las autonomías (y municipios) contrajeron con el Estado, en gran parte debida a los mecanismos extraordinarios de liquidez como el FLA. Las claves de los Presupuestos Generales para 2018, partida a partida.
El texto habilita al Ejecutivo para que pueda negociar una reestructuración de ese pasivo, sin establecer cuáles serán las fórmulas a las que podría recurrirse. Sin embargo, ya hay claridad sobre ciertos puntos clave. Desde el año pasado, se habla de algún tipo de alivio fiscal para las autonomías.
En los primeros momentos se llegó incluso a especular con una condonación, que fuera más allá del pago de intereses y beneficiará también al principal de la deuda. Por fortuna, Hacienda da por completamente descartada una solución tan extrema. El hecho de que el Ministerio se ciña a hablar de "reestructuración" apunta a que las medidas se orientarán, sobre todo, a aplazamientos en los periodos de devolución del pasivo.
Pero aún más importante es la salvedad que hizo el ministro Cristóbal Montoro al asegurar que el alivio solo se aplicará a las autonomías cumplidoras con sus compromisos presupuestarios, en cuanto a déficit público, deuda y techo de gasto. Se trata de un paso adecuado. Una reestructuración generalizada, que no atienda a esos criterios, implicaría una equiparación de trato injusta entre las autonomías.
Aquellos territorios que, incluso beneficiándose de las inyecciones de liquidez estatales, se permiten saltarse la disciplina fiscal no pueden estar al mismo nivel de los que sí han hecho esfuerzos. La manera en que Hacienda plantea ahora las posibles quitas en los intereses de la deuda garantiza que no se produzcan ese tipo de agravios.
