Bruselas dio a conocer su propuesta para crear un nuevo impuesto que grave los ingresos de los gigantes tecnológicos en la UE. Se trata de una iniciativa que nace con limitaciones. El tributo se plantea como provisional, y llenar el vacío hasta que se logre el verdadero objetivo, una armonización de Sociedades a escala comunitaria.
Además, las decisiones en materia fiscal de la UE se deben tomar por unanimidad, objetivo muy difícil de cumplir ante la oposición de países como Irlanda. Puede, además, tener como efecto colateral una respuesta de EEUU en forma de aranceles más altos sobre las exportaciones de acero y aluminio de la UE.
Sin embargo, pese a todas las dificultades, sería un error minusvalorar el potencial que el impuesto digital atesora. En primer lugar, sus expectativas de recaudación son notables. Así, un tipo del 3% es muy superior al 0,1% al que Google ha llegado a tributar en Irlanda. De hecho, Bruselas estima que los países miembros podrán ingresar cerca de 5.000 millones anuales.
Pero más importante es el hecho de que este tributo supone una respuesta institucional ambiciosa contra la ingeniería fiscal. Frente a la parálisis de la OCDE y ante las iniciativas aisladas de países como Francia, la Unión da por fin un paso contundente hacia la creación de un régimen tributario más justo en Europa y adaptado a la realidad de la actividad económica de estas empresas.
El hecho de que ofrezcan sus servicios online y no tengan presencia física en países como España dejará de ser un eximente para tributar en los Estados en los que operan. El nuevo impuesto, dado su carácter digital, propicia que operaciones como la venta de publicidad en línea, con alcance sobre un número mínimo de usuarios ya establecido, empiece a tributar.