Esta primavera se presentaba prometedora para los inversores españoles, gracias a las oportunidades que se abrían en el ámbito de los ETFs, pero las esperanzas se frustran. Los ETFs son fondos cotizados que replican índices bursátiles. Ahí radica uno de sus atractivos: su gestión es pasiva y genera comisiones más bajas que las propias de los fondos tradicionales.
Pero estos últimos gozan de una tributación más ventajosa, evidente cuando se hacen traspasos. Así, un inversor puede vender participaciones de un fondo para comprar las de otro, acumulando los beneficios sin declararlos. Pero pasar de un ETF a otro se equipara a una venta de acciones, lo que implica tributar por las plusvalías con tipos de hasta el 23%.
En 2017, la Dirección General de Tributos abrió la puerta a acabar con tan desigual trato ya que, en contestación a una pregunta sobre este particular, declaró que los ETFs que no cotizan en España entran en el mismo régimen que los fondos tradicionales. Ahora bien, casi 15 meses después, Tributos no ha vuelto a pronunciarse ni a hacer ninguna aclaración sobre lo que, de momento, no es más que la respuesta a una consulta.
Como resultado, se da la circunstancia de que la industria financiera ya cuenta con los medios técnicos necesarios para gestionar del mismo modo los ETFs y los fondos, pero solo los aplicará para sus clientes institucionales. El mutismo de Tributos genera dudas sobre si los particulares también puede beneficiarse de este cambio.
En consecuencia, millones de inversores ven aún penalizado fiscalmente su acceso a un vehículo financiero muy competitivo. Se trata de una discriminación injusta con respecto a los institucionales, que solo se solucionará cuando Tributos aclare su posición.
