El Canal de Isabel II valora en como mínimo, 200 millones su negocio exterior, próximo a venderse. Una cifra así implica que la empresa madrileña amortizaría con plusvalías su inversión. Con esos números, sus gestores reafirman la necesidad de una venta que, argumentan, acabará con las dificultades de operar fuera de su país de origen para una empresa pública, y responderá las sospechas sobre la compra de varias de esas filiales, ligadas al caso Lezo.
Sin embargo, cabe poner objeciones. El ejemplo de Aena muestra cómo pueden y deben internacionalizarse las empresas propiedad de las Administraciones, si quieren sobrevivir en un mundo globalizado. Privar al Canal de esa posibilidad es cuestionable, pese a las altas plusvalías de la venta de sus filiales.
