La imputación de la cúpula que dirigía el Canal de Isabel II en 2001 ya tiene una consecuencia política. El que fue director del Canal cuando se produjo la compra de la filial Inassa, Arturo Canalda, abandona su cargo de presidente de la Cámara de Cuentas madrileña.
La dimisión de Canalda deja en una posición comprometida a otro imputado que ocupa un alto puesto: el presidente de Adif, Juan Bravo. Sin duda, la presunción de su inocencia es sagrada y debe remarcarse que no se ha abierto juicio oral contra él. Con todo, su responsabilidad en Adif es especialmente delicada, ya que maneja los presupuestos más importantes de Fomento. Su posición está en entredicho, así como el aún arraigado hábito de situar a políticos al frente de empresas públicas.
