Los catalanes se volcaron ayer en las elecciones más atípicas de su historia. Más del 80 por ciento del censo electoral participó en unos comicios celebrados aún con la Generalitat intervenida por el Gobierno central, y con los cabezas de dos de los partidos concurrentes en situación jurídica excepcional (Carles Puigdemont todavía huido en Bélgica y Oriol Junqueras, recluido en prisión).
Sería ingenuo pensar que el clima bajo el que se ha desarrollado el 21-D y su campaña electoral no ha beneficiado a los independentistas. El gran estímulo que ha espoleado a su electorado permite que el bloque secesionista (Junts per Catalunya, ERC y la CUP) vuelva a conseguir la mayoría absoluta, como ocurrió en septiembre de 2015.
Ahora bien, pese a esa movilización y a la sobrerrepresentación que el sistema electoral catalán otorga a Lleida y Girona (feudos del independentismo), lo cierto es que no se puede hablar de un triunfo sin matices de este bando. De hecho, la antigua Convergencia, Esquerra y los antisistema suman ahora dos escaños menos que en 2015 y también han retrocedido (cerca de un punto) en cuanto a porcentaje de votos.
De hecho, desde este punto de vista (referido al total de sufragios), la victoria corresponde al bloque constitucionalista, ya que han logrado cosechar 140.000 votos más. Se trata de una diferencia de gran significado a la hora de hacer una extrapolación hacia un hipotético referéndum sobre la independencia catalana.
En una consulta de este tipo, todos los votos cuentan con el mismo valor (sin que influya la distorsión de ninguna ley electoral ), por lo que es posible prever un resultado muy igualado entre los partidarios y los contrarios a la secesión, con una ligera ventaja de estos últimos. Cabe concluir, por tanto, que la sociedad catalana sigue mostrando una complejidad y pluralidad que impide al secesionismo gozar de la plena hegemonía que sus responsables defienden.
La mejor prueba de ello es el hecho histórico de que un partido no nacionalista, Ciudadanos, ha sido el claro ganador del 21-D. Sus 37 escaños rebasan el ya de por sí buen resultado de 2015 (25 diputados) y se sitúan a enorme distancia de los nueve escaños con los que el partido naranja contaba en 2012. El éxito de Inés Arrimadas ha sido fundamental para compensar el retroceso del PP (sus tres escaños constituyen el peor resultado de su historia) y la decepción provocada por el PSC.
Así, la formación liderada por Miquel Iceta gana un único diputado con respecto a las anteriores elecciones. En este contexto, resulta indudable para cualquier observador que los independentistas pueden volver a formar Gobierno, si los tres partidos que conforman el bloque llegan a un acuerdo, un extremo que todavía no se puede dar por seguro ante los ojos de los mercados ni de los inversores internacionales.
Ahora bien, lo que está claro es que el 21-D en absoluto justifica a los secesionistas un regreso a la revitalización del procés, que conduzca a algo semejante a una nueva Declaración Unilateral de Independencia. Sin embargo, ya hay actos y declaraciones que impiden dar por seguro que el bloque secesionista acepte el cambio de escenario que debe producirse. La interpretación que Puigdemont dio de la noche electoral desde Bruselas, al asegurar que fue una "victoria de la República catalana sobre la Monarquía del artículo 155", vuelve a sembrar las incertidumbres.
Toda alusión a la vía unilateral contribuirá a ahondar la fuga de empresas (que ya suman 3.120) y a seguir causando perjuicios a la economía catalana.
