El Tribunal de Justicia de la UE dictamina que Uber debe considerarse, a todos los efectos, una empresa de transporte y no una plataforma digital que intermedia entre usuarios. El fallo obliga a que los conductores de Uber operen en todos los países como lo hace en España, esto es, con licencias semejantes a las VTC.
De este modo, la multinacional se verá obligada a arrinconar su modelo de negocio original, basado en poner en contacto a meros particulares para que intercambien servicios de transporte. Este modelo es el que también aplican, en ámbitos como el alojamiento turístico o el reparto a domicilio de productos, empresas como Deliveroo, Airbnb o Glovo.
Por ello, resulta previsible que, en el futuro, también tendrán que dar pasos para operar de forma regulada, como lo hará Uber. Se trata de una evolución necesaria. Nadie duda de que el auge de las nuevas tecnologías y el surgimiento de las plataformas colaborativas revolucionan la economía, y millones de usuarios en todo el mundo acogen con entusiasmo esos cambios.
Ahora bien, el reconocimiento de esa realidad no equivale a otorgar patente de corso a este tipo de firmas para que obvien, o incluso transgredan, la normativa actual en materia fiscal, de competencia o laboral. De hecho, el presunto empleo excesivo que Deliveroo hace del trabajo autónomo va a llevar a esta empresa ante los tribunales en Barcelona.
Del mismo modo, las autoridades europeas estrechan cada vez más el cerco en torno a las prácticas de ingeniería fiscal que caracterizan a muchas compañías de Internet. Acciones de este tipo no equivalen a un rechazo de la economía online; lo único que aseguran es que estas nuevas empresas actúen dentro de la ley.
