La gran banca española ha experimentado en los últimos años una profunda reestructuración. Sólo desde 2015, las principales entidades recortaron 11.000 empleos, el equivalente al 8,3% de la plantilla. Conviene valorar la fluidez con la que el proceso se desarrolla, siempre contando con el acuerdo de los sindicatos a la hora de establecer las condiciones.
Es también justo reconocer la necesidad de tomar estas medidas, imprescindibles para cerrar las heridas que la crisis provocó en las entidades. Sin embargo, ahora que las turbulencias están superadas y la economía se halla en recuperación, resultaría precipitado concluir que el momento de los ajustes acabó. Las recientes operaciones corporativas los siguen exigiendo.
Así, Santander y Popular ya han tenido que prescindir de 1.100 empleados, después de que la entidad cántabra comprara Popular el pasado junio. En breve, Bankia anunciará también una reestructuración dictada por la fusión con BMN. Pero actúan, además, factores de más largo recorrido. Sin duda, la extensión de hábitos cada vez más digitales entre los clientes, reduce las necesidad de tener un alto número de sucursales abiertas y de personal atendiéndolas.
Pero más importante es el prolongado tiempo que aún exigirá en la eurozona volver a unas condiciones de financiación normales. El IPC no rondará el objetivo de estabilidad del BCE hasta 2020 y ésa es un requisito indispensable para que el eurobanco suba los tipos. A esa realidad, hay que sumar el hecho de que persisten secuelas de la crisis y la demanda solvente de crédito es todavía muy escasa. Por si fuera poco, las entidades deben adaptarse a una nueva y exigente normativa. Debe así concluirse que el tiempo de los ajustes no terminó para la banca.
