La colocación exprés de un 7% de Bankia reportará unos ingresos de 818 millones para BFA, la entidad propiedad del Estado que aún es el mayor accionista del banco. Esos recursos servirán para afrontar nuevos saneamientos y costes provenientes de demandas en los tribunales. Por tanto, no se puede afirmar que ese dinero contribuirá a la devolución de los 22.424 millones en ayudas públicas que el grupo recibió.
Lo mismo debe decirse de los 1.836 millones que reportó la anterior privatización parcial de Bankia (un 7,5% en 2014) y los pagos a BFA en concepto de dividendos de los tres últimos años. Si parte de ese dinero ha vuelto a los bolsillos de los ciudadanos, ha sido en virtud de sentencias judiciales que obligaron a resarcir a clientes y accionistas; no se trata, por tanto, de una devolución stricto sensu de ayudas públicas.
De hecho, la realidad es que ni un euro ha sido aún devuelto a los contribuyentes por ese concepto. No cabe culpar a los actuales gestores de Bankia por esa circunstancia, quienes cumplen con su cometido de hacer los desembolsos a BFA. Es más, si ese dinero finalmente no llega a los contribuyentes se debe a las urgencias que plantean los todavía numerosos frentes judiciales que dejaron abiertos los antiguos directivos de Bankia.
No en vano, a cierre del pasado año, se estimaba que la entidad se halla bajo el riesgo de afrontar pagos adicionales por valor de 1.150 millones, y solo contaba con provisiones cercanas a los 600 millones. Existen, por tanto, cargas pendientes, pero también puede asegurarse que Bankia vive una etapa sólida, gracias al equipo gestor dirigido por José Ignacio Goirigolzarri, que ha conseguido situar la entidad en una posición saneada.
