La presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke König, compareció, por primera vez, en el Congreso para explicar la polémica intervención del Popular. König estuvo muy lejos de lo que cabe exigir a una autoridad europea de su rango cuando se presenta ante una comisión parlamentaria, representante de la soberanía nacional. Sus formas ya dejaron mucho que desear.
Es cierto que el retraso de una hora en el inicio de la comparecencia se explica apelando a la demora de su vuelo por el mal tiempo. Sin embargo, mucho más difícil de justificar es el afán de König de mantener inalterada su agenda, lo que obligó a convertir su intervención en una sesión exprés, que privó a los partidos del turno de réplica. Intentar subsanar esa carencia animando a los diputados a enviar por correo las preguntas que quedaron pendientes resulta pueril.
Pero objeciones aún más graves deben hacerse al contenido de sus palabras. Lo que el Parlamento buscaba eran respuestas a la intervención de uno de los principales bancos españoles, que borró el capital de accionistas y bonistas. En su lugar, obtuvieron una explicación genérica del funcionamiento de la JUR y una recopilación de datos publicados en medios.
Además de resistirse a contestar preguntas, König volvió a sumir en las sombras el informe de Deloitte sobre el que se justificó la intervención de Popular. A la nula aportación de detalles sobre los apartados de ese documento, que se conocerán a final de año, se añadió la actitud inaudita de instar a los partidos a que se encarguen de acceder por sí solos a la publicación, según aparezca en la web de la JUR. Se trata de un ninguneo inaceptable para los diputados presentes en la comisión y para el conjunto del Parlamento de cualquier Estado miembro.
