Un informe realizado por la Abogacía General del Estado reafirma al Gobierno en su convencimiento de que Atlantia está obligada a solicitar su consentimiento para comprar Abertis. En concreto, dice que "aunque no es completamente seguro, es razonable el criterio que sostiene el Ministerio de Fomento de exigir la autorización para adquirir la totalidad de las acciones" de la firma catalana.
El informe detalla que Abertis no solo cuenta con participación en ámbitos de importancia estratégica para la Seguridad Nacional, como los satélites de Defensa o las infraestructuras de comunicaciones (a través de Hispasat y Cellnex). Además desarrolla su actividad central en un sector, las concesiones viarias, que se deriva de un monopolio del Estado, cuyo objeto no es otro que responder al interés general.
Sin duda, se trata de dos argumentos con el suficiente calado como para justificar que el Gobierno utilice dicho estudio para reafirmarse en una postura contraria a la CNMV. Este organismo no consideró necesario que Atlantia debiera pedir permiso a pesar de los dos requerimientos que los ministerios de Fomento y Energía emitieron en septiembre, y de que Hochtief, la filial de ACS, que lanzó una contraopa si hubiera pedido la aprobación explícita del Gobierno.
Pero, además, la inquietud que el Ejecutivo muestra sobre Abertis tiene base también en los precedentes que se han dado en otros sectores, como el eléctrico, en el que la compra de empresas españolas ha menguado sus inversiones en nuestro país. Por todo ello es lógico y razonable que el Ejecutivo exija unas mínimas garantías para Abertis. De ahí que acierte al querer conocer los planes industriales que Atlantia tiene sobre la concesionaria antes de dar, o no, su aprobación.
