España conmemora hoy el 39º aniversario de su actual Constitución. La efeméride coincide con el final de un año en el que la Carta Magna afrontó una de las más graves agresiones de su historia, planteada por el secesionismo catalán. No obstante, el desafío también sirvió para demostrar la vigencia y efectividad de los mecanismos constitucionales (como el artículo 155) creados, precisamente, para garantizar la estabilidad ante situaciones límite como la desencadenada en octubre.
Pese a ese éxito, resulta indudable que el procés aviva el debate sobre la conveniencia de reformar la Ley Suprema. Los expertos consultados por elEconomista coinciden en que hay aspectos mejorables. Así, la Constitución puede convertirse en un recurso clave para solucionar conflictos siempre latentes en el modelo autonómico, como el referente a su financiación. Si la Carta Magna definiera los criterios fundamentales para el reparto de recursos podrían evitarse los enfrentamientos que la renovación de la financiación vuelve a plantear.
Ahora bien, los expertos también coinciden en que no debe buscarse en la reforma constitucional la fórmula mágica para la cuestión catalana. Sin duda, resulta discutible que la definición de un mejor encaje para Cataluña en el Estado sólo pase por cambiar la Carta Magna. Se pueden aportar otras soluciones políticas, fiscales o institucionales menos complejas. Pero, si finalmente se acordara activar un protocolo tan comprometido como el que exige modificar la Constitución, el proceso no puede estar guiado solamente por Cataluña. Todo cambio en la Carta Magna afecta a la soberanía nacional y ésta pertenece a todos los españoles, por lo que la posible reforma también debe beneficiar al conjunto.
