El parque español de centrales nucleares vive un momento decisivo. El desafío no estriba en la construcción de nuevas instalaciones de este tipo, sino en el futuro de las ya existentes. Tras el cierre de Garoña, todas ellas rondan ya los 40 años de vida útil, el límite que, a escala mundial, solía considerarse idóneo para la operatividad de los reactores.
Es cierto que no existe ninguna ley española que impida extender la actividad de las centrales más allá de las cuatro décadas, pero también lo es que no hay ninguna norma de alto rango que especifique bajo qué condiciones se puede prolongar su funcionamiento. Constituye un paso bien orientado que el Gobierno quiera acabar con este vacío legal, mediante un reglamento especializado.
Este nuevo código incidirá con notable énfasis en las normas de seguridad que debe cumplir toda central cuya vida útil se prolongue 20 años más. De hecho, homologa al ordenamiento jurídico español los estándares que se aplican internacionalmente, especialmente en EEUU, donde 81 reactores ya tienen autorización para funcionar hasta los 60 años. El nuevo reglamento no solo ofrece garantías para asegurar que la prórroga de las centrales no implicará ningún peligro técnico o biológico.
Además, ofrece un marco jurídico estable para las eléctricas que operan este tipo de instalaciones, las cuales les exigen cuantiosas inversiones. Sobre esta base, es ahora realmente posible impulsar las nucleares para que sigan teniendo un papel relevante en el suministro energético de España. Su contribución resulta necesaria para reducir las emisiones contaminantes de dióxido de carbono y para evitar fuertes encarecimientos de la electricidad, a medida que combustibles como el carbón sigan perdiendo peso.
