La reforma de la financiación autonómica se perfila ya como una de las principales fuentes de conflictos políticos en los próximos meses. El grave retraso que acumula (el cambio del sistema de reparto de recursos debería haberse acometido en 2014) solivianta a autonomías como Andalucía o Extremadura que ven cómo PP y PSOE sí se han puesto ya de acuerdo para la renovación del Cupo vasco que hoy tendrá lugar en el Congreso de los Diputados.
Pero aún pueden plantearse otros problemas mayores, derivados del corto recorrido que Hacienda otorga, de momento, a la reforma. Lo evidenció ayer el ministro Cristóbal Montoro, al asegurar que no habrá inyección de nuevos recursos en el sistema de financiación. Ese mensaje tiene implicaciones directas para Cataluña.
No en vano excluye de forma definitiva la posibilidad de barajar algún tipo de trato fiscal diferenciado para esa comunidad autónoma que permita aportar soluciones para el conflicto catalán. Vías que podían explorarse, como una mayor cesión de la recaudación del IRPF a la Generalitat, parecen quedar así cegadas. Una evolución semejante ha experimentado la casi recién inaugurada comisión parlamentaria para la modernización territorial de España, de entre cuyos objetivos el PP ha dejado fuera la discusión de algún tipo de reforma constitucional.
El conflicto en Cataluña sigue abierto, pese a la efectividad de las acciones judiciales y al logro de que ERC y PDeCat renuncien a la secesión unilateral en sus programas electorales. Por tanto, debería evitarse recaer en los errores de la inacción ante el desafío soberanista y de no tomar la iniciativa, explorando reformas económicas y políticas que ayuden a cerrar el conflicto.
