En seis meses, el Gobierno dará un nuevo paso para hacer más atractivos los planes de pensiones. La estrategia se basará en profundizar una medida que tomó en 2014, cuando rebajó el tope máximo de la comisión de gestión del 2% al 1,5%. Ahora habrá nuevos recortes, pero se harán, como reivindicaba el sector, considerando las peculiaridades de los activos de cada tipo de plan.
Así, los más conservadores, y que teóricamente reclaman una gestión menos sofisticada, podrán reclamar, como máximo, un 0,85%. Como resultado, más del 50% de los planes de renta fija que se comercializan en España tendrán que reducir sus comisiones.
En principio, parece un movimiento que reportará ventajas, pues son bien conocidas las quejas de los ahorradores ante unos productos que suelen cobrar unas comisiones altas en relación a los bajos rendimientos que ofrecen. Ahora bien, el paso que dará el Gobierno no supone ningún acicate para que ese problema, el de las bajas rentabilidades, se resuelva. Incluso puede tener el efecto contrario.
En un mercado libre, quien trabaja por obtener mejores rendimientos debe ser recompensado. Pero es imposible que ocurra cuando se recorta de forma general la comisión máxima de un operador, sin considerar la calidad de su labor.
En esa situación están también los gestores de renta fija, ya que, en el actual contexto de endurecimiento de la política monetaria (sobre todo en EEUU y Reino Unido) tienen que mantenerse alerta para que sus carteras no incurran en pérdidas. La rebaja de las comisiones, por tanto, debería perseguirse por otros medios, en especial permitiendo un plena liberalización del sector que haga posible, por ejemplo, la entrada de gestoras extranjeras.