El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y siete antiguos consellers del Gobierno autonómico, se encuentran desde ayer en prisión, de forma preventiva e incondicional. Para argumentar su decisión, la juez Carmen Lamela invoca con claridad el pernicioso precedente que crearon el expresidente Carles Puigdemont y otros cuatro exconsellers.
Todos ellos se encuentran desde el fin de semana en Bruselas y, además, se han negado a acudir para declarar en la Audiencia Nacional, acogiéndose a razones falaces y carentes de fundamento, como la "falta de garantías de la Justicia española". Los efectos de la irresponsable decisión de Puigdemont y sus acompañantes (sobre quienes pesará una orden de detención) han quedado así en evidencia.
Su marcha solo sirve, como expone la magistrada, para crear las sospechas de que existe un plan organizado, cuyo fin radica en que los máximos responsables del procés en la Generalitat esquiven la acción de la justicia. La alta probabilidad de que Junqueras y los demás exconsellers detenidos puedan beneficiarse de ese plan respalda la decisión de la juez. Sin duda, el encarcelamiento preventivo llega en un momento político delicado, a pocas más de un mes de las elecciones de diciembre.
De hecho, es muy probable que el objetivo real que Puigdemont persigue es forzar situaciones como la vivida ayer, destinadas a elevar las posibilidades de los partidos independentistas en los comicios. Sin embargo, la Justicia debe seguir actuando con independencia, ajena a esos tactismos políticos. Si Puigdemont continúa aferrándose a ellos y no duda en propiciar más acciones contundentes de los magistrados, él es el único responsable.