El sector constructor alerta sobre los niveles ínfimos que la inversión en infraestructuras presenta en España, equivalentes al 1,9% del PIB, un registro propio del año 1995. Cifras como éstas demuestran hasta qué punte el ajuste del gasto público se concentró en esta partida. Ahora, cuando la recuperación es un hecho, la revitalización de la inversión productiva debe entrar en los planes del Gobierno.
Es una iniciativa que beneficiará al conjunto de la economía, mediante su impulso al PIB y a la calidad de las infraestructuras. El momento es, además, idóneo ya que la nueva Ley de Contratos Públicos permite evitar errores frecuentes en el pasado, como liberar a las empresas concesionarias de todo riesgo en los proyectos, en perjuicio del Estado.
