La semana pasada, la Generalitat vio cómo un aluvión de empresas tomaba la decisión de trasladar sus sedes fuera de Cataluña, ante la amenaza de una declaración unilateral de independencia. La espita la abrieron los dos grandes bancos Sabadell y CaixaBank, pero el fenómeno se ha extendido a multitud de sectores y todo apunta a que seguirá en los próximos días, a la espera de lo que el presidente Carles Puigdemont anuncie mañana.
La masiva mudanza de domicilios sociales supone un golpe de gran envergadura para la deriva secesionista, aunque cabe matizar que sus efectos actuales en materia fiscal son todavía limitados. El impuesto de sociedades es un tributo estatal que las empresas abonan con independencia de la autonomía en la que tienen radicada su sede.
Ahora bien, si Cataluña se separara, el éxodo de empresas sí supondría un problema para la nueva Hacienda independiente. Sólo con las fugas que ya son efectivas, puede afirmarse que la recaudación del Fisco catalán en concepto de Sociedades sería 1.200 millones inferior a la que obtendría si no se hubiese producido el éxodo, una cuarta parte del total. En años posteriores esa cifra crecerá.
No en vano esas empresas habrían tributado aún más, según vencieran las compensaciones que les debe Hacienda y a medida que salieran de las pérdidas que algunas arrojan. Si a ello se suma la huida de nuevas sociedades, debe afirmarse que la Hacienda catalana sería insostenible.
Resulta claro que el plan del Govern (contra el que cientos de miles de personas se manifestaron ayer en Barcelona) no sólo aboca a Cataluña a salir del euro, perder las garantías del BCE y aislarse internacionalmente. Además, sienta las bases de una República asfixiada fiscalmente.
