La Generalitat ya ha demostrado que es capaz de pasar por encima de leyes, instituciones y hasta del interés ciudadano con el objetivo de consumar su deriva independentista. Violó la Constitución y el Estatut aprobando la consulta ilegal del 1-O. Tampoco tuvo problemas en arrogar al Parlament poderes constitucionales para aprobar la desconexión con España, antes de la presunta celebración de la consulta. Pero llega la hora de la Justicia.
Pero llega la hora de la Justicia. Hay una investigación en marcha que pretende esclarecer si el independentismo ha utilizado las instituciones catalanas para promover el referéndum y confeccionar hipotéticas estructuras de Estado de la república de Cataluña. Estas investigaciones fueron las que llevaron a la detención de altos cargos del Govern el pasado miércoles. Se les acusa de que, presuntamente, podrían haber utilizado fondos públicos para pagar los gastos relacionados con la consulta ilegal.
En concreto, se busca una partida de 6,2 millones del dinero de todos los ciudadanos, que podría haberse utilizado para la consulta. La sociedad catalana debería ser consciente de que es posible que la Generalitat se haya servido de sus cargos públicos para defender sus ideas de manera ilegal.
Sin duda, los delitos que se están investigando son muy graves. En un Estado de Derecho no se puede consentir que un Gobierno autonómico se sirva de las instituciones para cometer infracciones como crear estructuras de un país que no existe. Las leyes rigen para todos. Solo así se puede garantizar la convivencia de la sociedad española. Bajo esta premisa básica, es necesario que se descubra la verdad sobre las actuaciones del Govern. Y si se demuestra que se cometió un delito, deben pagar por ello.