La Generalitat exacerbó ayer su desafío al Estado. El vicepresidente Junqueras anunció su decisión unilateral de dejar de remitir a Hacienda informes semanales de gasto. Esta obligación se inició en julio y fue establecida con toda legitimidad por el Ministerio.
Cataluña es la autonomía que más financiación recibe de los mecanismos de liquidez estatales, como el FLA. Esos recursos deben destinarse al sostenimiento de los servicios públicos, y resulta inadmisible que parte de ellos se desvíe a la financiación de fines ilegales, como el referéndum del 1-O.
Así lo pretendió el Govern cuando incluyó una partida de "gastos electorales" en los Presupuestos de 2017, a lo que Hacienda respondió con la exigencia de recibir informes de gastos. Ahora, la Generalitat quiere saltarse también este control, en un intento de hurtar al Estado toda supervisión sobre la gestión de dinero público. Ante ese desafío, sólo cabe una respuesta tan contundente como la que el Consejo de Ministros tomará esta misma mañana.
Si la Generalitat rehúsa someterse a las reglas de la ejecución presupuestaria, Hacienda tiene pleno derecho para intervenir las finanzas catalanas en su totalidad. De este modo, el Gobierno central garantizará que los servicios públicos sigan funcionando, al tiempo que ganará un control más directo sobre el funcionariado catalán, lo que hará más difícil la desobediencia en favor del 1-O.
La intervención financiera de una autonomía es una medida dura que el desafío del Govern hace plenamente necesaria. Tolerar que el desafío secesionista afecte ahora al normal funcionamiento de la Hacienda pública implicaría una distinción inaceptable de Cataluña frente a otras autonomías y un perjuicio para sus ciudadanos.
