Cerca de 800.000 personas acudieron a la manifestación de Barcelona en favor del referéndum independentista ilegal del 1 de octubre. Sin duda, el secesionismo volvió a hacer gala de alto poder de convocatoria, aprovechando la celebración de la Diada, una festividad que en los últimos años casi ha logrado monopolizar.
Sin embargo, ni ese afán acaparador ni la importancia con la que se intentó revestir la movilización (presentándola como la antesala de un referéndum imparable) lograron que satisfaciera las altas expectativas creadas a su alrededor.
Resulta muy significativo el hecho de que la convocatoria que arropó a Artur Mas en 2014, previa al 9-N, reunió un mayor número de personas que la manifestación de ayer. Por tanto, en vísperas del 1-O, surge un nuevo síntoma de dificultades para la posición soberanista, que se une a otras señales negativas, como las reticencias de los grandes ayuntamientos a participar en la organización de la consulta.
En este contexto, la única respuesta soberanista pasa por radicalizarse más, como evidenció el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, quien instó a la "insumisión" ante las inhabilitaciones que ya se ciernen sobre los políticos que ya han violado las leyes del Parlament. Fueron declaraciones en línea con el tono retador de Carles Puigdemont del pasado fin de semana, cuando aseguró que no reconoce más autoridad que la propia de la Cámara catalana.
Palabras como éstas delatan que el verdadero objetivo del independentismo es redoblar su desafío y cerrar filas en torno al president, hasta lograr una imagen que llevan tiempo anhelando, la de las fuerzas de seguridad deteniendo a un protagonista clave del procés, con objeto de intensificar su victimismo.
