El Constitucional advertirá a cerca de mil cargos públicos catalanes de los efectos que tendrá su posible participación en el referéndum del 1-O. Es la medida que requirió el presidente Rajoy al Alto Tribunal, necesaria para demostrar que nadie debe "minusvalorar la fortaleza del Estado" ante una situación inaudita, como es la violación de la legalidad por parte de un político. Debe así evitarse que se repita la impunidad que exhibe la presidenta del Parlament.
Carme Forcadell no sólo estaba ya investigada por desobediencia al Constitucional. Además, su actuación de este semana, abiertamente prevaricadora, ha transgredido los reglamentos del Parlament. Su conducta como presidenta de la Cámara rebasó los límites y perdió toda legitimidad para seguir en el cargo.
