La presente semana es decisiva para la Generalitat, ya que necesita un nuevo golpe de efecto en vísperas de la festividad de la Diada. La opción más obvia sería la aprobación en el Parlament, en el Pleno que celebrará mañana y el jueves, de la ley que pretende habilitar el referéndum de octubre o de la norma que regula la desconexión respecto al resto de España.
Ahora bien, la certeza de que ambas disposiciones serán inmediatamente anuladas por el Constitucional, fuerza a la Generalitat a tomar otras decisiones que palíen el fracaso. Para ello, el Govern se aferra a la Agencia Tributaria Catalana y ayer quiso presentar la extensión de su red, de 4 a 32 oficinas, como la mejor prueba de que Cataluña está "preparada" para ser un Estado. Sin embargo, el president Puigdemont se hizo preso a sí mismo de graves contradicciones.
En primer lugar, resulta paradójico que se erija en símbolo del procés a una institución que, de momento, se desarrolla cumpliendo con todos los requisitos de la legislación fiscal y autonómica española. Pero más llamativo aún es el hecho de que Puigdemont considere como un éxito la capacidad recaudatoria anual, de 42.000 millones, que ahora atribuye a la Agencia. Casi 20.000 millones separan a esa cifra de los 60.000 millones que, según el propio Consejo para la Transición Nacional de la Generalitat, necesita una Cataluña independiente cada año para que su Administración funcione.
En otras palabras, tanto el president como su vicepresidente, Oriol Junqueras, reconocen hasta qué punto su plan secesionista, además de ilegal (como ayer recordó Hacienda) es inviable a corto plazo. No en vano su primer efecto sería la creación de un Estado abocado a su propia asfixia fiscal.
