El Gobierno da un paso adecuado al recurrir a la vía judicial para defender el turismo. Así, el Ejecutivo insta a la Abogacía General del Estado a que actúe contra los responsables de los actos vandálicos de Cataluña y Baleares. Ahora bien, no debe limitarse a reaccionar a posteriori frente a agresiones ya consumadas. El turismo es una actividad vital para la economía española, que representa el 10% sobre el PIB, lo que le hace merecedor de una protección especial.
Ningún Gobierno democrático duda a la hora de legislar ad hoc, en pro de sectores estratégicos o grupos sociales vulnerables cuando existe una clara amenaza sobre ellos. El turismo se halla en esa situación y su amparo requiere un endurecimiento de las leyes.
