Un laudo arbitral obliga a Telefónica y a Claro a pagar 1.500 millones a Colombia. Se trata de un fallo polémico, que aplica al pie de la letra las condiciones bajo las que, en 1993, recibieron sus concesiones de telefonía móvil. El contrato no sólo establecía la devolución al Estado del valor de las frecuencias radioeléctricas, una vez terminada la concesión. Además, previó el reembolso de todas las infraestructuras (estaciones, sistemas, antenas...) que desplegaron para hacer posible la cobertura.
En el momento de la firma, las prestaciones de los móviles se limitaban a llamadas de voz. Muy posteriormente, se produjo el auge de la transmisión de datos, lo que multiplicó las infraestructuras necesarias y su coste. Como resultado, la devolución que deben acometer Telefónica y Claro es desorbitada. Sólo los 452 millones propios de la teleco española equivalen a la totalidad de los ingresos de su filial colombiana durante un semestre.
Telefónica, sin embargo, se desmarca de Claro y, a diferencia del operador mexicano, no ha llevado a Bogotá ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias. Muy al contrario, antes de recurrir a las denuncias, quiere sentarse a negociar un acuerdo con el Gobierno colombiano.
El Ejecutivo del presidente Juan Manuel Santos cometería un grave error si despreciara esta mano tendida, ya que Telefónica no sería la única perjudicada por la aplicación estricta de la sentencia. El golpe que recibiría su filial le privaría de toda capacidad para impulsar inversiones en el país, lo que impactará en los usuarios. En cuanto al Gobierno, se arriesga a que su imagen vuelva a ser dañada, al relacionarse de nuevo con un caso de inseguridad jurídica que compromete inversiones a largo plazo.
