La deriva secesionista no ha frenado la economía española ni la catalana. De hecho, esta autonomía es una de las que más creció hasta junio. Ahora bien, el desafío entra en una nueva y temeraria fase, al llevar su ilegalidad al extremo de ignorar todas las acciones de los tribunales y el Gobierno, con objeto de que el referéndum de octubre se celebre a toda costa.
Sería ingenuo pensar que tan desnortada política no acabará teniendo consecuencias económicas. El traslado de la sede de Naturhouse a Madrid demuestra que la huida de empresas prosigue. En paralelo, el encarecimiento del bono catalán evidencia que los mercados desconfían. La Generalitat debe tomar en serio estos avisos y poner fin a una estrategia que estrangulará la economía.
