La reforma de la obra pública presenta importantes avances que mejoran un aspecto que supone el 20% del PIB. La creación de un supervisor independiente de contratos públicos reducirá la corrupción y mejorará la transparencia en las adjudicaciones. Además, el texto que se aprobará el jueves impedirá que se pueda reclamar responsabilidad patrimonial del Estado si falla la demanda.
Es decir, dificultará que las empresas sean indemnizadas por concesiones fallidas. El hecho de que esta medida pueda contar con el apoyo de los cuatro grandes partidos del Congreso refleja la unanimidad que existe a la hora de afianzar una licitación pública más equilibrada, que evite situaciones que dañan las arcas públicas, como el rescate de las autopistas de peaje.
