A partir del próximo martes, el precio de la tradicional bombona de butano de 12,5 kilogramos subirá un 5%, hasta los 14,88 euros. Este nuevo alza implica un incremento del 32% en los últimos 12 meses. En concreto, desde julio de 2016, que es cuando se pagaba a 11,27 euros, su coste más bajo de los últimos años. Esta serie de incrementos en este producto regulado ha logrado que las petroleras implicadas (Repsol, Cepsa y Disa) reduzcan las pérdidas. Pero no que obtengan beneficios.
Lo impide el repunte registrado por el crudo, que en el mismo periodo ha sido superior (35%). Debido a ello, las petroleras se han visto obligadas a vender a pérdidas durante meses. Este quebranto también ocurrió en 2009 y obligó a las firmas implicadas a llevar al Gobierno a los tribunales. Hasta el momento, los jueces han fallado a favor de las empresas, obligando al Ejecutivo a devolver más de 200 millones. La amenaza de las petroleras de volver a acudir a la vía judicial ha obligado a Energía a promover estos importantes incrementos de precios que, al menos compensa las ventas a pérdidas anteriores.
Pero no hay que engañarse. Estas alzas son escasamente un recurso que resuelve un problema puntual. Pero no bastan para poner remedio a la insostenible situación que padece el sector desde hace años. La única solución pasa por no demorar más la liberalización total del butano. De momento, solo la bombona menos pesada, conocida como butano Cepsa, tiene un precio libre, lo que ha elevado la competencia en dicho segmento. Mantener la regulación en la bombona de 12,5 kilogramos, limitando los incrementos de precios al 5%, lastra a las empresas e impide ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.
