En aproximadamente dos meses, los expertos que componen la comisión encargada de lanzar una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica publicarán su dictamen. Sin embargo, el Gobierno ya deja entrever que esas conclusiones quedarán en papel mojado. En sí mismo, este hecho no debería resultar ni inusual ni alarmante. A los consejos de sabios de este tipo suele atribuirseles una función orientadora y nada garantiza el carácter vinculante de sus conclusiones.
Basta recordar la poca repercusión que acabó teniendo, en 2014, el famoso Informe Lagares en la reforma fiscal que impulsó Hacienda. Ahora bien, esta última contaba ya entonces con plazos para su desarrollo y con unas primeras líneas maestras definidas. No se puede decir lo mismo de la reforma de la financiación autonómica.
El hecho de que el informe de los expertos esté abocado, tan prematuramente, a una vía muerta destaca como un síntoma más de que será imposible que entre en vigor en 2018, tal y como el Gobierno aseguraba. Todo apunta a que el Ejecutivo tira la toalla en cuanto a la posibilidad de llegar a acuerdos con Cataluña (que desde el inicio se desvinculó de todo el proceso) y, sobre todo, con el PSOE, tras el regreso de Pedro Sánchez a su liderazgo.
En esta situación, más allá de las conveniencias políticas, se abre un panorama preocupante. El actual sistema tiene pendiente su revisión desde 2014, con el propósito de acabar con su manifiesta falta de eficiencia en el reparto de recursos entre los territorios. Urge acometer su reforma para así acabar con la infrafinanciación a la que, desde hace décadas, están condenadas varias autonomías, especialmente en el Arco Mediterráneo.
