Recién aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y con las cuentas para este año ya en vigor en la mayoría de las autonomías, puede ya afirmarse, con base suficiente, que la inversión pública registra mínimos históricos. Este año, su montante equivaldrá al 2,09% del PIB, el valor más bajo de toda la serie estadística. Éste es el resultado de una tendencia muy arraigada, que ha sido denunciada por varias instancias de relevancia, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
De hecho, el organismo que preside José Luis Escrivá, estima que este tipo de desembolso se ha reducido un 300 por ciento en tan sólo una década y está a la cola de las clasificaciones europeas. En los últimos años, el recorte fue especialmente intenso, debido a la necesidad de cumplir con los exigentes objetivos de reducción del déficit que se acordaron con Bruselas. No debe cuestionarse la importancia de atajar los abultados números rojos del sector público, pero sí que hay que poner en tela de juicio la manera en que ese reparto se ha llevado a cabo.
El hecho de que la reducción de 6,5 puntos en el déficit que España arroja, entre 2009 y 2016, se debe en un 50% al capítulo de inversiones delata un evidente desequilibrio. Puede que socavar estas partidas implique un menor desgaste político en el corto plazo. Ahora bien, en un horizonte temporal más amplio, supone un perjuicio para la calidad de los servicios públicos y para el avance de la economía en su conjunto. La inversión, por tanto, tiene que dejar de utilizarse como el atajo que las Administraciones toman para no acometer un verdadero ajuste del gasto público improductivo, que no debe demorarse más.
