Cinco años han pasado desde el estallido del escándalo en torno al almacén de gas Castor, motivado por sus sobrecostes y, aún más importante, por los seísmos que su actividad provocó en la costa levantina. Tras ese lustro, el veredicto de los expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de Harvard es contundente: la posibilidad de volver a poner en marcha la infraestructura constituye un peligro.
En este escenario, el Ministerio de Energía sólo podía tomar la decisión que ayer hizo pública y que da por clausurado definitivamente el Castor. Es cierto que el ministro Álvaro Nadal no habló de proceder a desmantelarlo, pero la cautela de Energía es comprensible. Existe aún gran cantidad de gas en la falla sobre la que se encuentra el almacén y todavía hay que esperar a que se asiente.
Posteriormente, será necesario elaborar estudios técnicos sobre cómo proceder al cierre del pozo. Lo que resulta indudable es que el desmantelamiento del Castor acabará llegando y ese proceso sumará cerca de 300 millones al abultado coste (3.000 millones) que ha acabado teniendo una construcción, cuyo presupuesto inicial apenas llegaba a los 600 millones, mucho menos que la puesta en marcha de un simple tanque de almacenamiento en las regasificadoras de Enagás.
La causa de tan alta factura estriba en las condiciones tan benévolas en que la concesionaria, ACS, emprendió las obras, firmadas por el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián. La posibilidad de que una empresa sea indemnizada por el Estado, aunque su proyecto sea un fracaso, demuestra el grave error en el que incurre un modelo de licitación que no debe repetirse, aquél en el que el sector público carga con todos los riesgos.