Gas Natural Fenosa (GNF) acusa a Colombia de "instigar la violencia" de los clientes contra su ex filial Electricaribe. En concreto, en la documentación que remite a la Corte de Arbitraje de la ONU para reclamar la devolución de la empresa o una compensación superior a 1.000 millones, acusa al Gobierno de José Manuel Santos de "consentir la conducta delictiva", incluso de forma sistemática.
Desde el inicio del conflicto, el comportamiento de Colombia ha dejado mucho que desear. Su hostilidad se fraguó desde el momento en el que amenaza a GNF con intervenir la filial al negarse ésta a realizar unas inversiones que la hubieron conducido a la quiebra. Santos no quiso entender la postura de la gasista que, con razón, se negaba a invertir 650 millones para mejorar el servicio, si no se acometían mejoras en el marco regulatorio que pusiera fin a los impagos.
En vez de buscar una solución, Santos no quiso arriesgarse a frenar el hostigamiento a la gasista, ya que los clientes de Electricaribe habitan la zona que constituye el granero de votos del partido del presidente Santos. De ahí que primero interviniera Electricaribe, para después liquidarla, convirtiendo en vanos los esfuerzos que hasta el último momento realizó la cúpula de Gas Natural Fenosa por solucionar el conflicto de forma civilizada.
El detallado relato de los acontecimientos que se incluye en el Aviso de demanda deja constancia de unas nefastas actuaciones con Electricaribe que, sin duda, pueden ahuyentar a otros inversores extranjeros a entrar en el país. Es una pena que un caso concreto empañe y comprometa el buen nombre y la mejor gestión que el Gobierno de Colombia sí muestra en otras zonas geográficas del país.
