La previsible aprobación de los Presupuestos Generales para 2017, presentados en Consejo de Ministros la semana pasada, permitirá liberar una nueva partida del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) este año. De poco sirve que las previsiones apunten a un nuevo crecimiento del PIB superior al 2,5%, por tercer año consecutivo. Lo cierto es que el FLA, como otros mecanismos extraordinarios de financiación del Estado para las comunidades autónomas, seguirá en vigor.
Tal permanencia resulta extraña, considerando la propia naturaleza de estos fondos, creados en lo más duro de la crisis. Entonces, los Ejecutivos regionales necesitaban ayuda tras toparse con el cierre de los mercados ordinarios de deuda. Por si quedara alguna duda de lo superfluos que se han vuelto, basta con comprobar cómo las autonomías saben que ya disfrutan de capacidad de financiarse por sí solas y la aprovechan.
Operaciones de este tipo por valor de 16.500 millones fueron autorizadas por el Gobierno entre enero y marzo pasados, más del doble de la cuantía propia del mismo periodo de 2016. Se trata de cifras que demuestran que carece de sentido seguir aumentando la ya ingente deuda con el Estado que el conjunto de la Administración autonómica acumula (casi 175.000 millones de euros).
El Gobierno ya asume que su devolución será muy complicada y, por ello, Hacienda allana el camino hacia una quita que, muy previsiblemente, se implantará sin exigir contrapartidas. Pero la verdadera solución estriba en poner fin a la ya injustificada existencia del FLA y sus equivalentes, y propiciar así que las autonomías se sujeten a la disciplina de gasto y endeudamiento que los mercados demandan.
