Esta semana, el presidente de PSA, Carlos Tavares, telefoneó al jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, para transmitirle tranquilidad acerca del efecto que tendrá en España la compra de Opel por parte del grupo francés. Sin embargo, Tavares se expresó en términos diferentes ayer, en el Salón del Automóvil de Ginebra, ante la prensa alemana. El empresario fue claro al asegurar que la continuidad de los compromisos de Opel en nuestro país se supeditarán, a partir de 2019, a la recuperación de la rentabilidad.
Sin duda, nada cabe reprochar en la actitud de un empresario que vigila la eficiencia de sus fábricas, y que sitúa esa variable como prioritaria. Aún menos puede sorprender esa determinación en Tavares, quien condujo con éxito, entre 2014 y 2016, una ambiciosa operación de saneamiento de la matriz de Peugeot y Citroën.
Ahora bien, llama la atención la circunstancia de que PSA parece mostrarse más segura y contundente a la hora de referirse al futuro de sus instalaciones en Alemania, Francia y Reino Unido, como se evidenció en febrero en las reuniones mantenidas con representantes de los Gobiernos y los sindicatos de los tres países. España, sin duda, cuenta con puntos fuertes a su favor. De hecho, es el único territorio en el que coinciden fábricas de PSA y de General Motors-Opel. Se trata, además, de instalaciones cuya demostrada eficiencia las ha hecho depositarias de una alta carga de trabajo por parte de ambas enseñas (casi un millón de vehículos en 2016).
Por todo ello, conviene que PSA se exprese con más claridad acerca de sus perspectivas, de modo que su futuro, y el de sus plantillas, no aparezca como un cabo todavía suelto en la creación del nuevo gigante europeo del automóvil.
