Hace una semana, el Consejo de Ministros logró aprobar el decreto-ley de reforma del sector de la estiba. El Gobierno avanzó así hacia la eliminación de un régimen laboral privilegiado, que impide toda libertad en cuanto a acceso a la profesión u organización del trabajo, pero se trata sólo de un primer paso en un proceso arduo. De hecho, en vísperas de que el decreto llegue al Congreso, se prevé imposible que obtenga la convalidación, por culpa del rechazo del PSOE.
Esta misma semana, su portavoz parlamentario de Economía, Pedro Saura, insistió en el bloqueo, reafirmando así la actitud que destacados líderes socialistas, especialmente Susana Díaz, pregonan desde el mes pasado. Durante las últimas semanas, la presidenta andaluza no ha dejado de escudarse en la exigencia de "más diálogo" al Gobierno. Sin embargo, la reivindicación dista de ser equitativa.
No en vano Díaz sí tolera el encastillamiento que el sindicato Coordinadora muestra en el conflicto, una posición que conducirá a una huelga sólo momentáneamente pospuesta, y que se desarrolla de forma encubierta desde hace días, hasta el punto de casi paralizar los puertos de Valencia y Algeciras.
Este doble rasero invita a creer que la defensa que líderes del PSOE, como Díaz, hacen del statu quo de los estibadores se debe al afán de sacar músculo frente a la militancia, y ganar posiciones ante las inciertas primarias del partido. Los socialistas cometen una grave irresponsabilidad, al anteponer sus intereses internos a la exigencia de cumplir con una sentencia europea. Amparan así una situación laboral privilegiada, inasumible en un país del siglo XXI, que perjudica gravemente unas infraestructuras económicas vitales como los puertos.
