La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional imputa a los integrantes de las cúpulas de los supervisores financieros entre 2008 y 2012, por posibles responsabilidades en la salida a bolsa de Bankia. Señalar como investigados al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al (hasta enero) subgobernador de esa institución, Fernando Restoy, o al expresidente de la CNMV, Julio Segura, implica una decisión de calado a la que no se le puede reprochar improvisación alguna.
Desde que se abrió el caso Bankia, la acusación popular solicitó en varios momentos esas imputaciones. Siempre se desestimaron y su efecto se redujo a impulsar la dimisión de Restoy, quien solicitó incorporarse al Banco Internacional de Pagos.
Pero la situación tenía que cambiar con la revelación de los correos del inspector del Banco de España empotrado en Bankia, quien, antes de la OPS, alertó a sus superiores de que la operación fracasaría. Todo apunta, por tanto, a que Ordóñez y las demás supervisores desoyeron el aviso.
Se trata de "indicios múltiples de criminalidad", ante los que la Sala de lo Penal sólo puede reaccionar revocando el auto del juez Andreu, que volvía a desestimar las imputaciones. Es un paso adecuado en un momento en el que la investigación señala, cada vez con más fuerza, que la OPS de Bankia obedeció a una orden política, a través de la vicepresidenta Salgado.
Hay indicios de que el Ejecutivo, cometió el grave error de creer que la crisis era sólo un bache temporal, que se podía capear cubriendo sectores muy afectados, como las cajas de ahorros, con una falsa imagen de fortaleza. Todo apunta a que, en esa operación, el Ejecutivo contó con la connivencia de la auditora Deloitte, el Banco de España y la CNMV.
