Son varios los rasgos que hacen a Garoña un caso único dentro del parque español de centrales nucleares. Además de ser la instalación de este tipo más veterana en nuestro país, su historia reciente se sometió a una inaudita sucesión de vaivenes políticos y administrativos. El periplo lo comenzó el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que decretó el cierre desoyendo el aval para su continuidad del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
La clausura estaba prevista para 2013 y el Ejecutivo de Rajoy se afanó en paralizarla, pero finalmente lo toleraron sus propietarias (Endesa e Iberdrola), tras un enfrentamiento con el Gobierno en materia de impuestos energéticos. Posteriormente, ambas compañías solicitaron una reapertura cuyas posibilidades examinó a fondo el CSN para concluir ayer que Garoña presenta garantías para funcionar hasta 2031.
Es un aval contundente que, con todo, no basta por sí solo para reabrir. Aún se requiere una inversión de 170 millones por parte de las propietarias. Es difícil dudar de su disposición para acometerla tras destinar 300 millones desde 2012 para posibilitar su reapertura. Sólo faltaría, por tanto, el placet de Energía. Debe valorarse el propósito del ministro Nadal de no tomar decisiones hasta consultar con todos los sectores concernidos.
Sin embargo, todo apunta en un mismo sentido: Garoña aún tiene futuro y no sólo debido a sus condiciones técnicas y de seguridad. La energía nuclear sigue siendo crucial para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Además, su contribución al sistema eléctrico europeo, a la hora de bajar precios (sin tener en cuenta las externalidades) y ganar competitividad, debería haber quedado clara después de que el parón nuclear en Francia disparara el precio de la luz en todo el Continente.
