El Congreso dio luz verde para que la Cámara empiece a tramitar la proposición de ley que establece una renta mínima de 426 euros destinada a familias sin recursos. El futuro de la iniciativa se presenta complicado. Aun cuando el Gobierno no ejerciera su legítimo derecho a vetar toda decisión que afecte a sus previsiones de gasto, lo cierto es que se trata de una norma muy compleja.
Puede invadir competencias autonómicas y sus detalles aún generan discrepancias entre sus variopintos partidarios (todo el arco parlamentario menos PP y Ciudadanos). Con todo, pese al probable corto recorrido de la proposición de ley, deben analizarse los efectos potenciales de estos nuevos subsidios, ante el interés de ciertos sectores políticos e intelectuales de presentarlos como imprescindibles, en un futuro en el que la tecnología puede eliminar miles de puestos de trabajo.
De momento, la única certeza sobre la renta mínima es, en primer lugar, que resulta insostenible para una economía en la situación fiscal de España. Un desembolso anual extra de entre 12.000 millones y 15.000 millones no es asumible cuando aún está pendiente el compromiso de bajar el déficit público al 3 por ciento del PIB (desde el 4,6 actual). Pero aún mayor puede ser el coste que este tipo de subsidios tendría para un mercado laboral en franca recuperación como el español, capaz de cerrar el mes pasado su mejor enero desde 2004.
No sólo existe el riesgo de que la búsqueda activa de empleo se desincentive. Además, es probable que se fomente el fraude consistente en combinar la percepción de la ayuda con un trabajo no declarado. Las rentas básicas, por tanto, contienen altos riesgos y costes que desaconsejan con firmeza su aplicación.
